Resumen del Segundo día de sesión del GTI

El segundo día de la segunda reunión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (GTI) sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales (TNC-EFC) con respecto a los derechos humanosse mostró electrizante, sin embargo, colaborativo.

El aguacero de la mañana no logro amilanar los espíritus de la sociedad civil, mientras que los panelistas disparaban en el Panel II sobre obligaciones primordiales de los Estados. Después de la primera audiencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) que no pudieron hablar el lunes, las discusiones tornaron hacia  las obligaciones del Estado con respecto a las ETN y otras empresas de negocios (OENs).

Daniel Aguirre de la Comisión Internacional de Juristas destacó los innumerables obstáculos enfrentados en términos de protección de los derechos humanos en Myanmar. Se refirió a la ley de inversión recientemente promulgada que no siguió el debido proceso, y a la laguna interna de protección de los derechos humanos.

Una mordaz y comunal bocanada de aire fue audible proviniente de las filas de atrás de la sala XX, cuando Ariel Meyerstein, del Consejo para el Comercio Internacional de Estados Unidos, afirmó que el arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS por sus siglas en Ingles) es una forma de protección de los derechos humanos; una declaración que más tarde fue contrarrestada por Ana María Suárez Franco.

Ana María Suárez Franco, de FIAN Internacional explicó la importancia de los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para la elaboración de las obligaciones extraterritoriales (OET) de los estados en el instrumento vinculante. Ella señaló que los principios guía de las Naciones Unidas son ambiguos con respecto a las OET y que esto es un vacío importante que el instrumento vinculante debe llenar.

Juan Hernández Zubizarreta-de la Universidad del País Vasco, resaltó la necesidad de regular la localización y deslocalización de las empresas. Sostuvo que el sistema de derechos humanos debe ser utilizado para nivelar el campo de juego en términos de ventaja competitiva, de otra manera se permitirá la persistencia de violaciones de derechos humanos como por ejemplo el trabajo infantil.

Por la tarde, el Panel II continuó cubriendo terreno importante a través del tema de los enfoques prácticas y de jurisprudencia a los elementos de extraterritorialidad y  a la soberanía nacional.

David Bilchitz de la Universidad de Johannesburgo planteó la cuestión de qué sucede si en una situación de abuso corporativo de derechos humanos, un estado falla en implementar un marco legal para proteger a sus ciudadanos, y así se deja a la empresa actuar sin rendición de cuentas. Argumentó que las empresas deben tener obligaciones de derechos humanos impuestas directamente sobre ellas.

Harris Gleckmann de la Universidad de Massachusetts, consideró diferentes sistemas para los pueblos afectados (incluidos los sistemas legales nacionales y subnacionales, coadyuvantes tales como los defensores del pueblo, las responsabilidades del país de origen a través de las obligaciones extraterritoriales, y un tribunal internacional frente a los abusos de derechos humanos corporativos). Él afirmó que se trata de una ilusión que los estados pueden ejercer el control de las empresas transnacionales que, inevitablemente, los documentos y los principales activos se encuentran fuera de la jurisdicción del Estado, por lo que la noción de control total es una falacia.

Kinda Mohamedieh del Centro del Sur, profundizó en el concepto de las OET, con el argumento de que factores tales como la localización de activos ayudan a establecer un vínculo entre un estado y una entidad corporativa. Ella sostuvo que el uso de tales factores para hacer frente a la nacionalidad de un actor en virtud de un futuro instrumento vinculante, será necesario para determinar la competencia de los estados de origen para garantizar que sus empresas cumplan con las normas de derechos humanos cuando funciona en el extranjero.

Leah Margulies de Corporate Accountability, compartió puntos de vista de la creación de la Convención Marco para el Control del Tabaco, que muestra la necesidad de datos para apoyar las disposiciones del tratado que demuestren los costos de las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales que nacen de los propios gobiernos. Ella se basó en el artículo 5 (3) del Marco, que explica la necesidad de evitar conflictos de intereses.

Gianni Tognoni del Tribunal Popular sostuvo que hay una concepción compartida entre los delitos  de los estados y las empresas transnacionales que cuando vinculados a la economía, no son percibidos como delitos de derecho internacional. También consideró los desafíos de los recursos de remediación, y explicó que el derecho a un salario decente está vinculado al derecho a la vida.

Afortunadamente no ha habido estados que hayan salido de la segunda GTI hasta ahora, y las diferencias se han presentado y trabajado hasta el momento. Sin embargo, la ausencia de países como Canadá, Estados Unidos de América, Australia y Nueva Zelanda, es de notar.